Estado de la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe

En el presente análisis trimestral del Estado de la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe realizado por Article 19 MX-CA para el periodo julio-septiembre,  se dejan de manifiesto dos aspectos a tratar de forma trascendente en materia de libertad de expresión en la región centroamericana y del Caribe.

Por un lado, los diferentes intentos de desmantelamiento democrático, mientras por otro, se expone la resiliencia de la sociedad civil, medios y personas periodistas ante el embate de gobiernos e instituciones que doblegan con sus acciones su mandato y el respeto de los derechos humanos. Además, se destaca la incidencia de las organizaciones a nivel local, nacional e internacional en Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Análisis Nicaragua

 La deriva autoritaria del país sigue pro­fundizándose y se expresa en situaciones que se podrían considerar inverosímiles por el nivel de arbitrariedad y cinismo. En este trimestre el gobierno ordenó el cierre y la expropiación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús, una semana después de haber clausurado y confiscado la Universidad Centroamericana, de la misma congregación católica.

La disposición, fue publicada en el diario oficial La Gaceta, ­ ordenada por el Ministerio de Gobernación (Interior) bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de la asociación religiosa en sus reportes fiscales de los últimos tres años”. Luego del atentado en contra de la UCA se ejecutó el secuestro de cuatro mujeres dirigentes estudiantiles de las cuales su paradero y situación siguen sin ser claras, aunque se sabe que ­fueron trasladadas inicialmente a la cárcel de La Esperanza. Esta acción se enmarca en una ola de secuestros que buscan desarticular los esfu­erzos de las protestas estudiantiles en contra del régimen de Ortega.

Reacción de la comunidad internacional

Las reacciones internacionales se multiplicaron frente a este nuevo atropello. En un artículo para el diario El País Eduardo Silva, miembro del consejo directivo de la Asociación de universidades jesuitas de América Latina (AUSJAL) reflexionó sobre el significado de esta acción contra su labor educativa en Nicaragua: “para los jesuitas, se nos hace evidente una vez más que la lucha por la justicia no es gratis y sabemos que cuando uno se opone al poder, muchas veces hay un alto precio a pagar. No somos los únicos que hemos pagado ese precio, pero queda la tranquilidad de estar cumpliendo cabalmente nuestra misión de promover la fe y luchar por la justicia que la misma fe exige”.Los espacios y organismos internacionales se han convertido en los únicos mecanismos que podrían detener de manera más contundente la pro­fundización de la deriva autoritaria.

En ese sentido, diversos liderazgos en el destierro han enfatizado su exigencia a gobiernos y organismos internacionales para sancionar al gobierno de Ortega – Murillo. Recientemente la escritora Gioconda Belli se manifestó sobre la importancia de aislar a la dictadura:“Ortega es un cáncer en Centroamérica y América Latina, cuyos desmanes no deben ser tolerados a riesgo de que sienten un precedente ­funesto. Los países democráticos de América Latina deben romper relaciones con ese gobierno. La Administración de Joe Biden debe expulsar a Nicaragua del Tratado Centroamericano de Libre Comercio, las instituciones financieras deben suspender sus relaciones con el Gobierno de Ortega y Murillo.

Día Internacional del Periodista

La tolerancia con ese gobierno es una semilla de autoritarismo que amenaza a las democracias de la región”.En este contexto, en el marco del día internacional del periodismo, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, junto a organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), ofrecieron una conferencia de prensa desde Costa Rica en la que denuncian las diversas acciones emprendidas contra la prensa: “esa línea va desde la criminalización de la profesión, el daño patrimonial a medios y periodistas con el robo y confiscación de sus bienes y equipos; obstáculos para ejercer el oficio y acceder a la información; persecución fiscal y aduanera; ataques contra la integridad física y psicológica de las personas, violaciones a la libre movilización, circula-ción y residencia (exilio forzado y destierro) y garantías de impunidad para los atacantes del periodismo”.

Como muestra de esa línea de criminalización, el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, en el marco de un discurso en ocasión del 44 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, expresó de manera nítida la idea que tiene el régimen de la labor periodística y de la crítica social: «Este día, con firmeza y determinación, rechaza-mos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución».

Sistematización Violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua

El pasado septiembre, la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) junto con la red internacional Voces del Sur, llevaron a cabo la publicación de su informe sobre la documentación de las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua durante el quinquenio de abril de 2018 a abril de 2023.En él se da cuenta de 1329 agresiones en contra de la prensa, siendo en su mayoría perpetradas por agentes de seguridad estatal. Los dos indicadores que más predominaron en el análisis ­eron agresiones y ataques contra la prensa, en primer lugar, así como discurso estigmatizante, en segundo lugar.

En un repertorio analítico más minucioso se menciona  que los ataques a la integridad física, los allanamientos, destrucción y confiscación de equipos para la labor periodística, el desplazamiento forzado, amenazas explícitas, implí-citas o simbólicas, amedrentamiento, intento de secuestro o tortura y violencia sexual forman parte del amplio arsenal de ataques y agresiones de los que suelen ser sujetas las personas periodistas en el país.

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Un caso que evidencia la escalada represiva y que se denunció este trimestre por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ­e el destierro del periodista Marcos Medina y su familia, quienes habían salido a Estados Unidos por razones médicas y ­fue impedido de ingresar nuevamente a su país. “Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, se encontraba de visita en Florida, Estados Unidos, por un asunto médico familiar. El 24 de julio, cuando se disponía a regresar a su país junto a su esposa e hija, la aerolínea les notificó que la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua les había negado el ingreso al país”. Estos casos de destierro colocan a los periodistas, de un día para otro, en situaciones de precariedad y sobrevivencia.

Además del caso de Marcos Medina, se ha sabido del caso de Armando Amaya quien salió para un diplomado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-SO) y ­e impedido de regresar. En los dos casos, uno en Estados Unidos y otro en Guatemala, han tenido que buscar apoyos económicos y desarrollar actividades laborales ajenas a su profesión para sobrevivir.

En otro aspecto de los efectos de la represión y el exilio obligado, se han empezado a mostrar casos de sobrevivencia para periodistas que pasaron de dirigir medios de comunicación a intentar sobrevivir en el exilio.

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