Costa Rica: un decreto de secreto de Estado enciende alertas sobre el acceso a la información
Considerada durante décadas uno de los principales referentes democráticos de Centroamérica, Costa Rica enfrenta ahora cuestionamientos en materia de transparencia y libertad de prensa, en medio de decisiones gubernamentales que han generado preocupación dentro y fuera del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre los alcances de la medida, que comprende información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite. La organización advirtió que una disposición de esa amplitud podría obstaculizar el trabajo periodístico y restringir el acceso ciudadano a información de interés público.
El decreto, emitido el 10 de agosto por la presidenta Fernández, incluye información sobre operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos y planes de seguridad, pero también presupuestos, gastos, contrataciones públicas, documentos, reuniones y acuerdos de los tres organismos.
En una comunicación oficial el presidente de la SIP, Pierre Manigault, reconoció que los Estados pueden proteger información cuando su divulgación pueda poner en riesgo operaciones de seguridad, funcionarios o terceros. Sin embargo, advirtió que ese poder tiene límites.
“La clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública”, afirmó Manigault.
La SIP puso especial atención sobre la inclusión de información relacionada con el manejo de fondos estatales. Manigault señaló que genera “especial preocupación” que el decreto comprenda “presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública”, debido a que son ámbitos esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas.
El acceso a la información, bajo alerta
La decisión cobra especial relevancia porque Costa Rica cuenta con una Ley Marco de Acceso a la Información Pública, la 10554, cuyo propósito es garantizar el derecho humano de acceso a la información y fortalecer la transparencia administrativa y la rendición de cuentas. La norma mandata que toda información en poder de las instituciones obligadas se presume pública, salvo las excepciones contempladas por la Constitución, las leyes y otras normas de rango legal.
De igual modo establece un límite preciso a las restricciones. En su artículo 6 señala que la regla general es garantizar el acceso a la información pública y que los límites constituyen la excepción. Además, dispone que esas restricciones deben estar establecidas en la Constitución, la normativa internacional aprobada por la Asamblea Legislativa o las leyes, “conforme al principio de reserva de ley”. Cuando una institución deniegue información, debe justificar la decisión y especificar la norma que sustenta la negativa.
Además, señala que cualquier límite al acceso a la información pública sea interpretado de forma restrictiva, precisamente porque el acceso constituye la regla general.
En tanto, el decreto anunciado ha generado cuestionamientos por su alcance y por las posibles implicaciones para el acceso a la información pública. El Gobierno justificó la medida por el aumento del narcotráfico y la violencia, y argumentó que la divulgación de determinada información podría poner en riesgo operaciones, funcionarios y la cooperación internacional en materia de seguridad.
La SIP instó a las autoridades a garantizar que cualquier restricción responda a criterios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, y que se diferencie entre información operativa que requiera protección y aquella relacionada con el uso de recursos públicos y actuaciones administrativas.
Para la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), preocupa que en Centroamérica continúen reduciéndose los espacios para el ejercicio de la libertad de prensa y el acceso a la información. La situación en Costa Rica cobra especial atención para el periodismo nicaragüense, pues el país ha acogido a numerosos periodistas que salieron al exilio ante la persecución y las restricciones a la prensa en Nicaragua y que han encontrado en este país un espacio para continuar ejerciendo su labor.