José Rubén Zamora: la muestra de una de las tantas formas de silenciar al periodismo independiente
Recientemente se cumplieron cuatro años desde la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, quien ha tenido que enfrentar audiencias, apelaciones, resoluciones anuladas y procesos que permanecen abiertos. Aunque actualmente se encuentra en libertad, su situación judicial continúa sin una resolución definitiva.
En el contexto de estos cuatro años, su hijo José Carlos Zamora ha declarado que el periodista suma 1.468 días sin debido proceso, sin audiencias y sin sentencia. “Los hechos siguen siendo tan claros hoy como el primer día: es inocente”, señaló.
También sostuvo que fue detenido arbitrariamente, torturado y privado de sus derechos, y que permanece bajo arresto domiciliario debido a la inacción del Poder Judicial de Guatemala. Zamora pidió además que se celebren de inmediato las audiencias pendientes y que se restituya a su padre la libertad de forma inmediata e incondicional.
El desgaste como mecanismo de presión
El caso del periodista Zamora es la muestra de que desde gobiernos autoritarios se utilizan diferentes formas de presión que buscan desgatar el trabajo periodístico y la labor de defensa de los derechos humanos.
Otro de los ejemplos que se puede tomar en cuenta es el caso de Nicaragua, donde periodistas independientes deben comparecer periódicamente ante autoridades policiales, enfrentar procesos judiciales durante largos períodos. De igual manera modificar de manera drástica sus rutinas de vida debido a la vigilancia y el hostigamiento.
En algunos casos, estas condiciones obligan a comunicadores a abandonar temporalmente sus viviendas, trasladarse a lugares considerados más seguros o salir del país. En algunos casos las consecuencias son tan amplias que los periodistas tienen que apartarse totalmente de su labor para intentar poner fin a las agresiones.
A diferencia de un arresto, el cierre de un medio o el asesinato de un periodista, este otro tipo de medidas puede pasar inadvertido porque vistas de forma aislada son aparentemente menos graves que las otras mencionadas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la judicialización prolongada tiene efectos que van más allá del proceso legal. Además de exigir tiempo y recursos para la defensa y la movilización, puede mantener restricciones durante largos períodos, afectar el desarrollo del trabajo y generar temor y desconfianza entre las fuentes y en el entorno familiar. Y sin olvidar el impacto en la salud mental que estas acciones pueden generar en los periodistas y en sus familias debido a la incertidumbre y la presión sostenida.
Desde la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), hacemos un llamado a la reflexión a las autoridades gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y a la ciudadanía sobre el impacto que estas prácticas tienen en la libertad de prensa y en el derecho de las sociedades a estar informadas.
Sus efectos no terminan en el periodista afectado, sino que alcanzan también a quienes dependen de su trabajo para conocer y comprender la información, lamentablemente a medida que avanzan los años también se expanden a más países.

