Transparencia judicial en Nicaragua se mantiene entre las más bajas de Iberoamérica, revela informe
Nicaragua se ubica entre los países con los peores resultados en materia de transparencia judicial en Iberoamérica, de acuerdo con el más reciente Índice de Transparencia Judicial en Iberoamérica, elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
El estudio, que evaluó a 18 países de la región, otorgó a Nicaragua una puntuación de 33,33 %, ubicándola en el puesto 16 de la clasificación, solo por encima de Cuba y Venezuela. El informe señala que el país presenta “serias deficiencias en materia de transparencia en sus sistemas de justicia, especialmente en la aplicación práctica”.
México encabezó el índice con una puntuación de 81,74 %, seguido por Argentina, Perú y Colombia, países en los que se identificaron “marcos legales sólidos y prácticas relativamente avanzadas de transparencia en los organismos integrantes de sus sistemas judiciales”.
En contraste, el documento advierte que Nicaragua forma parte del grupo de países con mayores “rezagos” en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas dentro de sus sistemas de justicia.
Según el informe, “la transparencia y el acceso a la información pública son pilares fundamentales de un sistema democrático robusto, especialmente cuando se trata de las instituciones que integran los sistemas judiciales”, señala el documento.
Sostiene que conocer el funcionamiento de las instituciones de justicia “fortalece la confianza ciudadana, promueve la rendición de cuentas, previene posibles actos de corrupción o arbitrariedad y permite evaluar con mayor precisión el desempeño de uno de los poderes centrales del Estado”.
Instituciones judiciales poco abiertas al escrutinio público
La investigación también advierte que históricamente los poderes judiciales de la región han sido instituciones poco abiertas al escrutinio público. En ese sentido, señala que “han sostenido una relación de distancia frente al resto de los actores sociales”, lo que en diversos contextos “ha contribuido a percepciones de opacidad, privilegio, falta de independencia o escasa sensibilidad frente a las necesidades de la ciudadanía”.
De acuerdo con la Alianza Regional, el acceso a la información en el ámbito judicial no solo es un derecho, sino también una herramienta para mejorar el acceso a la justicia y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
“La transparencia judicial no se agota, por ello, en la reducción de riesgos institucionales. También constituye una condición para mejorar el acceso a la justicia”, destaca el informe.
Los resultados muestran además importantes disparidades entre los países evaluados y aunque teóricamente cuentan con algún tipo de normativa de acceso a la información aplicable al Poder Judicial, el estudio concluye que existen amplias diferencias en la implementación efectiva de estas disposiciones.
En el caso de Nicaragua, señala que la baja puntuación evidencia los desafíos que persisten para garantizar el acceso a la información pública relacionada con el funcionamiento del sistema judicial, en un contexto en el que organismos nacionales e internacionales han señalado de manera reiterada la falta de independencia de las instituciones estatales y las limitaciones al ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
El informe concluye que avanzar hacia sistemas de justicia más abiertos y transparentes es una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y la rendición de cuentas, y plantea la necesidad de impulsar políticas que permitan a la población acceder de manera oportuna y efectiva a la información pública en el ámbito judicial.