La libertad de prensa se debilita en toda Centroamérica, según datos del índice de Chapultepec
La libertad de prensa en Centroamérica muestra un deterioro sostenido y generalizado. Aunque con diferentes intensidades, los países de la región comparten un mismo rasgo: ningún Estado garantiza plenamente el ejercicio libre del periodismo.
El Índice Chapultepec 2025, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sitúa a todos los países centroamericanos en categorías de restricción, desde niveles intermedios hasta escenarios donde la libertad prácticamente ha desaparecido.
Costa Rica y Guatemala aparecen en la categoría “En Restricción”, pero responden a dinámicas distintas. En el caso costarricense, el informe advierte una “erosión estructural impulsada por el Poder Ejecutivo”, marcada por el uso de un “lenguaje estigmatizante” hacia la prensa y presiones económicas mediante la asignación de publicidad estatal, lo que incide directamente en la sostenibilidad de los medios.
En tanto, Guatemala, enfrenta un deterioro más profundo en el ámbito institucional. El documento describe un contexto de “terrorismo judicial”, en el que el sistema de justicia es utilizado para “silenciar voces críticas”, generando autocensura, exilio y un ambiente de inseguridad permanente para periodistas. A pesar de ciertos gestos desde el Ejecutivo, persisten “mecanismos de criminalización” que consolidan un entorno adverso para la prensa independiente.
Honduras en cambio, desciende a la categoría de “Alta Restricción”, donde la violencia continúa siendo un elemento determinante. El informe registra asesinatos de periodistas, decenas de agresiones y la ineficacia de los mecanismos de protección estatal. En este contexto, la estigmatización también proviene de actores oficiales, que han llegado a calificar a periodistas como “sicarios de la verdad”, profundizando el clima de riesgo.
Nicaragua como el caso más crítico
En El Salvador, el deterioro adquiere un carácter más estructural. El informe identifica la consolidación de un modelo de control que combina persecución judicial, restricciones legales y presión económica. La Ley de Agentes Extranjeros es señalada como una “herramienta de asedio estructural”, mientras que el contexto general ha obligado a numerosos periodistas a abandonar el país ante la falta de garantías para ejercer su labor.
Por otro lado, Nicaragua se mantiene como el caso más crítico de la región. Clasificado como “Sin libertad de expresión”, el país “ha transitado hacia un modelo totalitario” que “ha eliminado sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas”. La censura se encuentra institucionalizada, mientras que la vigilancia, la persecución y el exilio forman parte de la realidad cotidiana de quienes intentan informar, señala el informe.
Finalmente, Panamá se ubica en una posición distinta dentro del mapa regional, al ser el único país centroamericano en la categoría de “Baja Restricción”. Sin embargo, el informe advierte una “erosión silenciosa pero persistente” de la libertad de prensa, marcada por el uso de la publicidad estatal como mecanismo de presión, una retórica confrontativa hacia medios críticos y reformas legales orientadas a criminalizar el disenso. A esto se suma el uso del sistema judicial para ejercer presión económica sobre medios de investigación, lo que contribuye a un clima de autocensura.
De acuerdo con el Índice, en Centroamérica el poder Ejecutivo aparece como el principal actor en las restricciones, acompañado por el uso del sistema judicial y de mecanismos económicos para presionar o silenciar a los medios. Estas dinámicas han favorecido la autocensura, el debilitamiento de la prensa y además configuran un entorno cada vez más restrictivo para el ejercicio del periodismo limitando el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre y plural.