SIP sitúa a Nicaragua entre los países con menor libertad de prensa mientras la ONU documenta persecución a periodistas
La libertad de prensa en las Américas atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes. Así lo advierte la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ubica a Nicaragua entre los países con los niveles más bajos de garantías para el ejercicio del periodismo en el continente.
El barómetro regional, que evalúa la situación de 23 países, registró un promedio global de 47,13 puntos sobre 100, el más bajo desde la creación del indicador. Durante la presentación del estudio, el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, señaló que los resultados reflejan “un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”, marcado por presiones políticas, violencia, acoso judicial y riesgos crecientes para periodistas.
En este contexto, Nicaragua continúa ubicada en la categoría “Sin Libertad de Expresión”, con 18,22 puntos, solo por encima de Venezuela, que ocupa el último lugar del índice con 7,02 puntos.
El informe advierte que entre 2024 y 2025 Nicaragua ha avanzado hacia lo que describe como un “modelo totalitario” bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizado por la eliminación sistemática del periodismo independiente y el debilitamiento de las garantías democráticas.
Según la SIP, en el exilio numerosos periodistas enfrentan niveles extremos de vigilancia, mientras que quienes aún ejercen dentro del país se ven obligados a trabajar en condiciones de clandestinidad, recurriendo a herramientas digitales para poder continuar informando.
Represión contra periodistas documentada por la ONU
El deterioro señalado por la SIP coincide con los hallazgos del más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicado este 10 de marzo de 2026.
El documento señala que periodistas y trabajadores de medios han sido parte del conjunto de personas perseguidas por el gobierno de Nicaragua dentro de una estrategia estatal orientada a eliminar las voces críticas. Antes de las elecciones presidenciales de 2021, las autoridades “se centraron en detener y procesar a las principales figuras de la oposición (…) así como a periodistas y académicos, para impedir la difusión de información independiente”.
Según el informe, esta persecución se desarrolla tanto dentro del país como contra periodistas que continúan su labor informativa desde el exilio. El Grupo de Expertos documentó que periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido objeto de vigilancia, amenazas y campañas de difamación, incluso fuera de Nicaragua.
Entre los métodos utilizados figuran el “hackeo de cuentas, el espionaje digital, el monitoreo de redes sociales y campañas coordinadas de desprestigio”. Señala que estas campañas incluyen amenazas de muerte y ataques digitales organizados mediante redes de trolls y bots vinculadas a estructuras del partido gobernante y a instituciones estatales.
Estas acciones, según el documento, forman parte de una estrategia más amplia destinada a disuadir, castigar y silenciar a voces críticas y opositoras, incluso cuando estas se encuentran fuera del país.
El caso de la periodista Fabiola Tercero
El informe también destaca el caso de la periodista y feminista Fabiola Tercero Castro, detenida en julio de 2024. Apunta que su paradero permaneció oculto durante meses, lo que generó denuncias internacionales por desaparición forzada.
Añade que el 11 de noviembre de 2025 las autoridades del país “publicaron fotografías y videos” de la periodista, cuyo paradero y suerte se habían mantenido en secreto desde su detención el 12 de julio de 2024, en un intento por refutar la acusación de que había sido víctima de una desaparición forzada. “De hecho, desde entonces, el destino y el paradero de la Sra. Tercero vuelven a mantenerse en secreto”, señalan.
El Grupo de Expertos también instó al Estado de Nicaragua a garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo. Entre sus recomendaciones, pidió permitir que periodistas y trabajadores de los medios de comunicación ejerzan su profesión de forma libre e independiente dentro del país, en un contexto marcado por el cierre del espacio cívico y la persecución de voces críticas.
De igual modo llaman a la comunidad internacional a incrementar el apoyo financiero, técnico y de protección a la sociedad civil nicaragüense, a los medios independientes y a los periodistas, con el objetivo de fortalecer la documentación de violaciones de derechos humanos y mantener la asistencia a las víctimas.