Ley de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua: ¿Un paso hacia el control o la innovación?

La reciente aprobación de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua ha generado un intenso debate entre los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país. Esta normativa plantea interrogantes sobre su impacto en la libertad de expresión y el acceso a la información en el país.

La convergencia en telecomunicaciones se refiere a la integración de tres servicios que anteriormente se consideraban separados: telecomunicaciones de voz, texto y datos, servicios audiovisuales y acceso a Internet. Según el Dr. Jesús Zurita, experto en Economía y Telecomunicaciones, esta combinación es fundamental para el desarrollo tecnológico.

Sin embargo, a pesar de la imagen de modernidad que la ley pretende proyectar, en la práctica, Nicaragua carece de incentivos y políticas que fomenten la inversión y la competencia en nuevas tecnologías. La importación de drones está prohibida, y se restringe la entrada de Youtubers y camarógrafos profesionales que deseen documentar la realidad del país con equipos como GoPro o cámaras de alta calidad. Además, se han cancelado licencias del espectro radioeléctrico de manera autoritaria.

La abogada Alexa Zamora Arana ha analizado esta ley, que fue aprobada el 31 de octubre de 2024. La normativa otorga amplias facultades al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) en un contexto político marcado por la falta de institucionalidad y constantes violaciones a los derechos humanos. Esto incluye la desatención a las recomendaciones de dos Exámenes Periódicos Universales (EPU) sobre derechos humanos.

Una vez que la ley entre en vigor, todas las licencias del espectro radioeléctrico quedarán obsoletas, lo que obligará a los últimos medios independientes y privados de Nicaragua a someterse a un proceso de renovación. Además, esta ley regula y legaliza la confiscación de equipos de medios de comunicación, como ha sucedido en el pasado con La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, cuyos propietarios no han recuperado ni los equipos ni las instalaciones.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es su violación del principio normativo de legalidad. El artículo 139, inciso 27, establece que TELCOR tendrá «otras facultades que se estimen convenientes», lo que contraviene el principio de que los Estados deben limitarse a las funciones y facultades que les otorgan las leyes.

Es urgente establecer un proceso de monitoreo cercano a los bloqueos y censuras que puedan extenderse al espectro radioeléctrico, similar a lo que ocurre en otros contextos. Tenemos la responsabilidad de defender nuestros derechos digitales, ya que estos son, en esencia, derechos humanos.