Nicaragua en el Día Mundial del Derecho a Saber: un país atrapado en la opacidad y la propaganda

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Derecho a Saber, una fecha que recuerda que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y una herramienta indispensable para la participación ciudadana. Sin embargo, en Nicaragua este derecho transcurre en un escenario de opacidad total, donde las instituciones estatales restringen datos de interés público y refuerzan mecanismos de control narrativo a través de sus plataformas de comunicación.

En el país, el silencio oficial frente a las denuncias de violaciones a la libertad de prensa y a los derechos humanos se ha convertido en norma. Lejos de atender las demandas de justicia y transparencia, las autoridades intensifican la propaganda estatal para imponer un relato único y desacreditar a las voces críticas. Este patrón no solo invisibiliza los abusos cometidos, sino que también busca moldear la percepción ciudadana para legitimar un modelo de control cada vez más autoritario.

El derecho de la ciudadanía a acceder a la información ha sido negado de forma sistemática. En 2007, el mismo año en que el partido sandinista regresó al poder, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Aunque en su momento se presentó como una promesa de apertura y modernización institucional, nunca ha sido implementada de manera efectiva. Desde entonces, el Estado ha sostenido un patrón de incumplimiento que vació de contenido a la LAIP, reduciéndola a un instrumento simbólico sin capacidad real de garantizar transparencia ni rendición de cuentas.

En la práctica, los datos oficiales sobre temas esenciales —como indicadores de salud pública, estadísticas educativas o el uso de los recursos presupuestarios— resultan inaccesibles, incompletos o manipulados para ajustarse a la narrativa gubernamental. Periodistas, investigadores y ciudadanos se enfrentan a negativas sistemáticas, o silencio administrativo, lo que limita la capacidad de la sociedad para fiscalizar a sus autoridades.

A la ausencia de datos se suma el uso intensivo de medios oficiales y paraestatales para imponer un discurso único. Cadenas de radio y televisión, publicaciones institucionales y campañas en redes sociales operan como instrumentos de propaganda destinados a proyectar una imagen de normalidad, minimizar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y descalificar a quienes las documentan. Este aparato, sostenido con recursos públicos, sustituye la información objetiva por narrativas diseñadas para controlar el debate público y silenciar cualquier voz crítica.

Como consecuencia de la censura, el ocultamiento de información y la propaganda oficial, a los ciudadanos nicaragüenses se les ha negado el derecho a estar informados. La gravedad de esta situación se profundiza al reconocer que el derecho a saber es un pilar de la democracia: sin información pública accesible y confiable, no es posible exigir rendición de cuentas ni incidir en las políticas públicas. Negar este derecho equivale a excluir a la población de los procesos de decisión y consolidar un modelo de poder sin contrapesos ni fiscalización.

En este Día Mundial del Derecho a Saber, desde la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) reafirmamos que el acceso a la información no es un privilegio, sino un derecho irrenunciable y exigible. Recordamos que la aprobación de la LAIP representó en su momento un compromiso estatal con la transparencia, pero su incumplimiento sistemático ha profundizado la crisis institucional del país.

El Estado de Nicaragua debe restituir las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de este derecho, garantizar canales de información abiertos, confiables y oportunos, y poner fin a la propaganda como sustituto de la rendición de cuentas. Solo así será posible fortalecer las instituciones públicas y asegurar que la población acceda a la información que necesita para decidir.

De igual manera, el Estado debe actuar con responsabilidad frente a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales: cesar el acoso a los medios independientes, garantizar condiciones para que operen sin temor a represalias y cumplir efectivamente los compromisos asumidos en tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.